Hoy se cumple un año de la brutal represión sufrida por el fotógrafo Pablo Grillo, quien se encontraba cubriendo una marcha de jubilados en las cercanías del Congreso. Durante ese evento, las fuerzas de seguridad rodearon la zona con el fin de llevar a cabo un operativo de seguridad. En un momento crítico, el cabo de Gendarmería Hector Guerrero disparó un cartucho de gas lacrimógeno que impactó directamente en la cabeza de Grillo, causándole daños severos. Su proceso de rehabilitación continúa hasta el día de hoy.
Tras el incidente, la familia de Pablo inició un proceso judicial en el que las abogadas Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), asumieron la defensa del caso. Pablo estuvo hospitalizado durante 10 meses, pasando por múltiples cirugías y un largo proceso de rehabilitación. Recién a principios de este año pudo regresar a su hogar, donde sigue recibiendo tratamiento ambulatorio.
La Justicia ya confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero, considerándolo responsable del hecho bajo los cargos de lesiones gravísimas agravadas y abuso de armas. En la resolución se destacó que el disparo fue calificado como “prohibido e ilegal”, dado que fue realizado “en ángulo horizontal y directo hacia los manifestantes”.
Fabián Grillo, padre de Pablo, compartió que su hijo “está mucho mejor”. “Estamos muy cerca del alta y la evolución es muy buena. Según los médicos, asombrosa. Este último año fue extremadamente duro, lleno de emociones contrastantes. Pasamos de una tristeza profunda a una alegría inmensa al ver la evolución de Pablo”, comentó en declaraciones a la prensa.
“Esperamos que se haga justicia, pero lo más importante es que no vuelva a suceder algo así. Esa es nuestra meta. El daño que sufrió Pablo no cambiará con las resoluciones judiciales. Lo que buscamos es que no se repita, y para eso es fundamental que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos”, enfatizó.
En el ámbito judicial, la abogada Lloret mencionó que se solicitó una investigación sobre el papel que tuvo la ex ministra de Seguridad y actual senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. “La investigación avanza correctamente en cuanto a Guerrero, que es el foco principal del proceso. Sin embargo, hemos enfrentado obstáculos en forma de recursos que intentan frenar el avance de la causa. Se presentó un recurso de Casación que fue declarado inadmisible, así como una queja que también fue rechazada”, explicó la letrada.
“Desde el inicio de la causa hemos impulsado la investigación de la cadena de mando. La decisión judicial fue cerrar la imputación contra Guerrero para luego profundizar en el accionar de otros gendarmes que debían supervisar y controlar la conducta de Guerrero y otros efectivos presentes”, agregó. Lloret solicitó a la jueza María Servini que “profundice la investigación” sobre todos los niveles de supervisión y control de la Gendarmería.
En cuanto a la expectativa de una resolución y condena, Lloret indicó que “estamos en la fase de completar las pruebas relacionadas con Guerrero. Falta que el Corpo Médico Forense realice una nueva evaluación del estado de salud de Pablo. Después de eso, se procederá al requerimiento de elevación a juicio, donde la Fiscalía presentará los elementos necesarios para llevar el caso a juicio oral”.
Recientemente, el fotógrafo se mostró en buen estado de ánimo y salud. Junto a familiares y amigos, convocó a un festival en la Plaza Congreso para conmemorar el aniversario del ataque y seguir exigiendo justicia, invitando a todos los ciudadanos y organizaciones de derechos humanos a unirse a su causa.