El juzgado rechazó la excarcelación de tres mujeres acusadas de formar parte de una organización que extorsionaba a hombres a través de aplicaciones móviles, entre ellos el soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en la Quinta de Olivos.
Las tres mujeres permanecerán en el penal de Olmos tras la decisión de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien se alineó con el dictamen del fiscal Federico Iuspa, responsable de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro. La organización, que también incluía a tres hombres que operaban desde las cárceles de Magdalena y Olmos, así como a otra mujer y personas aún no identificadas, habría estado activa desde el 14 de diciembre de 2025 hasta el 9 de febrero pasado.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había señalado anteriormente que los siete reclusos controlaban la organización desde la cárcel, mientras que las mujeres actuaban como recaudadoras, encargándose de recoger el dinero que las víctimas entregaban para liberarse de las extorsiones. En una conferencia de prensa, Arroyo Salgado enfatizó que este tipo de delitos no son nuevos y que existen numerosos antecedentes de crímenes graves orquestados desde el penal, facilitados por el uso indiscriminado de teléfonos celulares, que se han convertido en herramientas peligrosas en este contexto.
La causa se inició el 16 de diciembre, tras el hallazgo del cuerpo del joven de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino. Gómez se suicidó en una de las garitas de la residencia presidencial, donde cumplía funciones de custodia. Dejó una carta conmovedora en la que se despidió de su familia, pidió perdón y expresó su angustia por las consecuencias de haber sido víctima de la banda delictiva. En su mensaje, lamentó su decisión y expresó: "Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más".
En este marco, la defensa de las tres mujeres solicitó su excarcelación, pero el fiscal Iuspa se opuso firmemente, argumentando la gravedad de los hechos, la posible existencia de más víctimas y el trágico desenlace del soldado, lo que indicaba riesgos procesales significativos. El fiscal advirtió que, si las imputadas recuperaban la libertad, podrían obstruir la investigación o evadir la justicia, ya que aún quedan pruebas por recolectar y no se descarta la participación de otros individuos en la trama delictiva.
Iuspa también destacó que la organización operaba de manera estructurada y tenía la capacidad de intimidar a las víctimas mediante amenazas de difundir supuestos contenidos íntimos en entornos digitales, una táctica que formaba parte del mecanismo de extorsión. La jueza Arroyo Salgado coincidió con estos argumentos y desestimó las solicitudes de excarcelación, subrayando que persisten riesgos de obstrucción y de repetición de delitos, mientras se esperan los resultados de los análisis de los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar nuevos elementos a la causa.