A dos años del trágico derrumbe en Caballito, los vecinos afectados siguen sin poder volver a sus hogares. La situación es desesperante, ya que las obras de reparación avanzan sin plazos definidos y la comunidad exige al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una solución concreta. Ingrid Vadalá, una de las damnificadas, recordó que este 8 de febrero se cumplen “dos años de una tragedia que podría haberse evitado”, que dejó a 14 familias fuera de sus viviendas y se cobró las vidas de dos adultos mayores, Nélida y Ramón Acuña.
El colapso se produjo en un edificio contiguo a una obra en construcción en la avenida Pedro Goyena al 500, afectando la medianera y partes de la estructura. Desde aquel fatídico día, la vida de los afectados quedó suspendida. Vadalá expresó: “Dos años de esta tragedia, dos años de algo que se podría haber evitado, dos años que todavía estamos sin poder volver a nuestras casas”.
La vecina describió el deterioro de sus viviendas y el impacto de las pérdidas: “El 80% de nuestras pertenencias todavía siguen ahí adentro, porque solo pudimos entrar en un primer momento a sacar lo básico, lo indispensable”, y advirtió que “nuestras casas, al no ser habitadas durante dos años, se siguen deteriorando”.
En cuanto a la situación actual, fue contundente: “Ya estamos en 2026 y, sinceramente, es casi lo mismo”, y se mostró “preocupada y angustiada” por la falta de respuestas. Recordó que en febrero de 2025, el Gobierno de la Ciudad reanudó el contacto con los vecinos: “Tuvimos dos reuniones”, donde se planteó que la Ciudad actuara como intermediaria con la constructora para permitir el ingreso al predio clausurado y reconstruir el pasillo, la medianera y las cañerías de agua, gas y cloacas.
Este proceso generó divisiones entre los consorcistas: “Algunos vecinos firmaron el consentimiento para que la constructora pudiera ingresar y llevar a cabo la reconstrucción, mientras que otros, como yo, no lo hicimos”, explicó. Como la decisión se tomó por mayoría, en mayo se firmó el permiso en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de representantes de la constructora. Actualmente, en el lugar hay un contenedor y se observa que se están realizando trabajos.
Respecto al papel del Gobierno, Vadalá indicó que este envía informes mensuales en PDF: “A veces no lo hace y uno tiene que pedirlo. Ese informe es técnico, menciona, a grandes rasgos, que se colocó un ladrillo o se retiró algo, pero nunca habla de plazos, nunca dice cuándo se va a terminar, cuándo podremos ingresar o vivir allí”.
El último reporte, recibido antes de fin de enero, fue particularmente alarmante: “Nos enteramos de que toda la obra realizada desde mayo hasta ahora se centró en el lugar donde se iba a construir el nuevo edificio. Se hormigonó, se colocó cemento, se tapó ese pozo, mientras que nuestra medianera, los pasillos, los caños y las instalaciones siguen sin ser atendidos”.
Además, cuestionó la creación de dos huecos para ascensores: “Hay dos cajas de ascensores que no entendemos por qué están ahí. Esa no era la prioridad de la obra”, insistió. En relación al permiso otorgado a la empresa, aclaró: “No se les autorizó a continuar con su obra; se les permitió ingresar para realizar la reconstrucción a nosotros”.
Vadalá también resaltó su principal objeción al acuerdo firmado: “En el documento se indicó que terminarán la obra de reconstrucción y luego el propietario tendrá que habilitar los servicios”. En línea, consideró la necesidad de contar con servicios básicos que hagan habitable el lugar: “Que me devuelvan un espacio con pasillo y medianera, pero sin luz, gas, agua y demás, no me permitirá vivir allí”.
Por último, hizo un llamado a la visibilización pública del caso: “Me gustaría que este tema vuelva a estar en pantalla, que se sepa lo que está sucediendo”, y reiteró que los documentos oficiales demuestran que “hasta ahora lo único que hicieron fue reconstruir o edificar lo que era su edificio”.