La diputada nacional de La Libertad Avanza y presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió con firmeza en el recinto el proyecto del oficialismo que propone establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil. Este proyecto incluye, entre otras medidas, la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Durante su intervención como miembro informante del dictamen de mayoría, Rodríguez Machado se dedicó a desmantelar los argumentos presentados por la oposición más crítica, que se opone a la iniciativa. Según la legisladora cordobesa, “muchos no quieren cambiar nada para que todo siga igual”.
Uno de los argumentos de la oposición sostiene que “no hagamos nada” porque el porcentaje de menores en conflicto con la ley que cometen delitos es muy bajo. Sin embargo, Rodríguez Machado expresó su incredulidad ante este razonamiento: “No sé qué cifra me han dado. Yo no creo que haya un argumento más cruel que ese”, afirmó.
La diputada argumentó que si se le dice a las víctimas de delitos que el Estado no actuará porque no hay suficientes casos para justificarlo, esto resulta en una afirmación cruel. “No basta con los muertos que hay ahora, con las familias que han perdido seres queridos, con los que les roban todos los días. Dénse cuenta de la crueldad de esa afirmación porque estamos en una nueva Argentina. No hay cifra que pueda ocultar la impunidad en Argentina”, continuó.
Rodríguez Machado enfatizó que, incluso en el caso de un solo homicidio, el Estado debe tener la capacidad de actuar. En respuesta a otro argumento de la oposición, que sostiene que el proyecto criminaliza a los jóvenes, la diputada aclaró que eso es falso. “El despacho contempla una serie de penas alternativas a la prisión. Además, para los delitos que conllevan penas de entre 3 y 10 años de prisión, los jueces podrán optar por estas medidas alternativas, a menos que haya mediado la muerte de la víctima. Estamos garantizando el debido proceso”, aseguró.
Además, la legisladora sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos”, sino “resocializarlos”. “Hoy eso sucede, salvo en algunas provincias que tienen normativas particulares. El régimen vigente, que muchos no quieren modificar, permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó Rodríguez Machado.
“Nos decían que a partir de aquí queremos encarcelar a todos, que la solución no es encerrar a los menores en cárceles. Con este despacho de mayoría, vamos a dar un tratamiento que asegure que la función final de estos establecimientos sea la resocialización de los menores”, concluyó.