La investigación judicial en torno al contrato entre la AFA y TourProdEnter LLC avanza con un nuevo enfoque: se indaga qué acciones concretas llevó a cabo Javier Faroni para justificar la comisión del 30% sobre los ingresos comerciales internacionales, además del 10% adicional por logística. Este cuestionamiento surge a raíz de las declaraciones del gerente de Marketing y Comercialización de la AFA, Leandro Petersen, quien aseguró que el área interna es la encargada de las ventas, activaciones y relaciones con los patrocinadores.
De acuerdo a información obtenida, el contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino otorgó a TourProdEnter LLC la exclusividad para representar comercialmente a la AFA en el extranjero hasta el año 2026. En este acuerdo, se estableció un porcentaje del 30% sobre los ingresos internacionales, sumado a un 10% por las tareas logísticas relacionadas con los contratos que gestionara la firma.
La discusión judicial ya no se limita al monto de las comisiones, sino que se centra en la contraprestación que justifica esos pagos. Si el área comercial de la AFA es la que efectivamente negocia, cierra y ejecuta los acuerdos, como lo afirmó Petersen en varias entrevistas, surge la pregunta fundamental: ¿cuál fue el aporte específico de la firma intermediaria?
Los registros bancarios presentados en la causa revelan giros relacionados con contratos de Adidas y otros patrocinadores internacionales. En múltiples ocasiones, las transferencias se depositaron en cuentas de Bank of America y Citibank, vinculadas a la estructura bajo investigación, antes de ser redistribuidas. La Justicia busca determinar si TourProdEnter participó activamente en la negociación de esos convenios o si su rol se limitó a ser un canal de facturación y cobro.
Un caso emblemático es el contrato con Adidas para el año 2024, donde el patrocinador técnico de la Selección argentina desembolsó aproximadamente 25 millones de dólares en el marco del acuerdo vigente. Parte de esos fondos fueron canalizados a través de cuentas asociadas a la firma contratada. Los investigadores intentan averiguar si existió alguna gestión comercial adicional o si el vínculo entre la marca y la AFA se sustentó en relaciones anteriores y en la estructura interna del área de marketing.
Además, el expediente examina la falta de evidencia pública sobre la creación de nuevos patrocinadores internacionales, la organización de partidos amistosos o la apertura de mercados nuevos atribuibles a la intermediaria. Fuentes del caso indicaron que no existen informes de gestión, reportes de captación de clientes ni documentación que detalle negociaciones iniciadas por la empresa.
La hipótesis que explora la Justicia es si este esquema pudo haber funcionado como una vía para desviar fondos. La comisión del 30% aplicada sobre ingresos que superan los 300 millones de dólares en el periodo investigado podría implicar sumas millonarias. Sin documentación que respalde una contraprestación específica, el análisis se enfoca en determinar si se trató de una estructura que permitió la retención de recursos generados por la propia AFA.
Un capítulo adicional se abrió tras el allanamiento a la sede de la AFA en diciembre de 2025 y enero de 2026, donde se hallaron órdenes de pago por al menos 300 millones de pesos a la firma Real Central, identificada como propietaria de una mansión en Pilar. Los comprobantes mencionan “servicios de logística” y hacen referencia al sistema VAR. La Justicia intenta verificar si esos servicios realmente existieron y si guardan relación directa con la operación comercial internacional.
El concepto de “logística”, incluido en el contrato con un adicional del 10%, se convirtió en otro punto crítico de la investigación. Los investigadores analizan qué tareas específicas abarca este rubro, cómo se certificaron y quién validó su ejecución. Sin detalles operativos, el porcentaje adicional se suma a las dudas sobre la razonabilidad económica del esquema.
Desde la dirección de la AFA sostienen que este modelo responde a prácticas habituales en la comercialización deportiva internacional y que la estructura permitió centralizar la cobranza en el exterior. Sin embargo, las declaraciones del propio gerente comercial sobre el papel interno en la captación de sponsors abren una contradicción que ahora forma parte del análisis judicial.
La causa avanza en la Justicia Federal, que investiga posibles delitos económicos relacionados con administración fraudulenta y lavado de activos. El foco está en la trazabilidad completa: contrato, ingreso de fondos, aplicación de comisiones, pagos a terceros y destino final del dinero.
El interrogante fundamental persiste: si la gestión comercial la realiza la estructura interna de la AFA, ¿qué servicio específico justifica que un tercero retenga el 30% de los ingresos internacionales? La respuesta dependerá de la documentación que aún no ha sido divulgada y de la reconstrucción contable que realicen los peritos.