La Confederación General del Trabajo (CGT) se lanza a una batalla decisiva para frenar la reforma laboral que fue aprobada en las sesiones de verano. Sin un rumbo claro y con la comunicación interna cortada, la CGT apuesta su capital político, que podría ser escaso, a la judicialización de esta ley. El primer movimiento que realizaron fue presentar un amparo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, buscando anular la decisión que trasladó el Fuero Laboral del ámbito nacional al de la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida fue parte del paquete que el Congreso sancionó recientemente.
Sin embargo, la situación dentro de la CGT es compleja. Líderes sindicales como Cristian Jerónimo, uno de los triunviros junto a Jorge Sola y Octavio Arguello, mantienen interrumpidas las comunicaciones con sus bases en Azopardo. Esta falta de comunicación se interpreta como una muestra de la confusión que reina en la central sindical tras el respaldo legislativo a la reforma. Fuentes dentro del sindicato afirmaron que “reina el caos” en este momento crítico.
Después de sufrir una derrota política en el Congreso, los dirigentes sindicales tienen claro que sus próximos frentes de lucha serán el judicial y la movilización en la calle. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, se encuentra en el centro de esta estrategia. A pesar de la adversidad, hay motivos para el optimismo: en enero de 2024, la Justicia suspendió el capítulo laboral del decreto 70/23, que contenía varios elementos que terminaron incorporándose en la reforma aprobada en febrero. Desde la CGT, consideran que si los jueces mantienen el mismo criterio en defensa de los derechos laborales, el resultado podría ser favorable.
Un ejemplo de esto es el mencionado decreto 70/23, que el presidente Javier Milei presentó en cadena nacional poco después de asumir. Este decreto ya incluía el controvertido “banco de horas”, que permite modificar las jornadas laborales según las necesidades del empleador, y también restringía el derecho a huelga, exigiendo que se mantenga un 75% de funcionamiento en las actividades consideradas esenciales. La Corte Suprema, que recibió el expediente después de que el Gobierno apelara el fallo desfavorable, nunca resolvió el conflicto. Con la reforma laborando ya aprobada por el Congreso, parece poco probable que el máximo tribunal reabra ese caso.
En cuanto a la oposición, el conjunto de gremios que se oponen a la reforma, incluyendo a la UOM, Aceiteros, APLA y ATE, se encuentra actualmente inactivo. Tras realizar movilizaciones en Rosario y Córdoba, y una marcha al Congreso el 27 de febrero, su capacidad de organización parece haber quedado limitada. Abel Furlán de la UOM, Daniel Yofra de Aceiteros, y Rodolfo Aguiar de ATE, entre otros, no han logrado articular una respuesta efectiva ante la situación actual.
Por otro lado, ATE participó recientemente en la paritaria de los estatales, donde rechazó un aumento del 2,2% para febrero, oferta que fue aceptada por UPCN, uno de los sindicatos más fuertes de la CGT. Este rechazo pone de manifiesto las tensiones internas y la falta de consenso entre los diferentes sectores sindicales.