El juicio por el hundimiento del ARA San Juan dio inicio este martes en Río Gallegos, Santa Cruz, donde se encuentra la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. Este proceso judicial tiene como objetivo esclarecer las responsabilidades penales vinculadas a la tragedia que se produjo en noviembre de 2017.
El abogado Luis Tagliapietra, representante de los 32 familiares que conforman la querella, explicó que en la jornada se procederá a la lectura de la creación del caso y se otorgará la palabra a las partes involucradas para que formulen cuestiones preliminares. “El tribunal deberá resolver, en su defecto, y seguramente con eso se cumplirá la jornada de hoy. Mañana sí continúa el juicio con la producción de testimonios”, afirmó Tagliapietra en declaraciones a la prensa.
Este juicio no solo busca identificar a los responsables de la muerte de los 44 tripulantes del submarino, sino que también incluye a cuatro exjefes de la Armada Argentina, quienes enfrentan cargos por “presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “omisión de deberes del oficio” y “estrago culposo agravado por el resultado de muerte”.
Además, tanto la fiscalía como las querellas apuntan a la “negligencia en el mantenimiento” del submarino, ya que se han detectado fallas críticas que ponen en duda si la nave estaba en condiciones óptimas para navegar.
El juicio contempla la declaración de más de 100 testigos, así como también la presentación de material fílmico encriptado que documenta el hallazgo del submarino por parte del buque Ocean Infinity, además de documentación que se encuentra bajo secreto militar y el testimonio de un experto de la empresa Thyssen-Krupp, una firma alemana reconocida en el sector de la ingeniería y la producción de acero.
Las audiencias se llevarán a cabo hasta el viernes 6 de marzo, y se espera que se retomen en un plazo de 15 días. Se estima que estas sesiones se realizarán de forma quincenal, y el veredicto podría conocerse alrededor del mes de julio. Sin embargo, quedan excluidas del juicio aquellas causas relacionadas con el presunto espionaje ilegal hacia los familiares de las víctimas, ya que fueron cerradas definitivamente por la Corte Suprema de Justicia, que sobreseyó a los exfuncionarios implicados en esas denuncias.