La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modifica la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esta decisión, que se dio a conocer el 12 de febrero en Buenos Aires, fue respaldada por una amplia mayoría de 149 votos a favor, mientras que 100 legisladores, en su mayoría del peronismo y la izquierda, se opusieron. Ahora, el debate se trasladará al Senado, donde se espera que se discuta en una sesión programada para el 26 de febrero, según indicaron fuentes del ámbito parlamentario.
Por primera vez desde la restauración de la democracia, se aborda en el recinto la cuestión de la edad de imputabilidad. Si el Senado aprueba la medida, la edad se reducirá a 14 años. La propuesta, impulsada por el partido Libertad Avanza, busca reformar una ley de la dictadura y establece un nuevo régimen especial para los menores, que contempla sanciones que van desde penas menores hasta 15 años de prisión para delitos graves. Esta nueva legislación prohíbe la imposición de penas perpetuas y estipula que los menores deberán ser recluidos en instalaciones separadas de los adultos.
Uno de los puntos más discutidos fue el financiamiento del sistema. El diputado Maximiliano Ferraro propuso establecer un mecanismo financiero directo, pero el oficialismo rechazó esta idea, insistiendo en la firma de convenios entre la Nación y las provincias. El régimen que se plantea incluye un abanico de sanciones alternativas a la prisión, asegurando que los menores no se mezclen con adultos en los espacios de reclusión, además de incorporar medidas para su resocialización.
Para delitos con penas menores a 3 años, se eliminarán las penas de prisión, mientras que para aquellos delitos que impliquen penas de entre 3 y 10 años, vinculados a delitos sin víctimas fatales o lesiones graves, se priorizarán otras formas de sanción con un enfoque social y educativo. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, enfatizó que el objetivo no es simplemente “amontonar” a los menores en instituciones, sino enfocarse en su resocialización.
En el debate, la diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, criticó fuertemente a la senadora Patricia Bullrich por su estrategia de marketing político, que sugiere que “delito de adulto, pena de adulto”. Tolosa Paz argumentó que tal enfoque podría ser útil para una campaña electoral, pero no contribuye a la responsabilidad que tienen los legisladores de mejorar el país.
Desde el interbloque Unidos, Gisela Scaglia expresó su apoyo a la reducción de la imputabilidad, pero también hizo hincapié en la necesidad de contar con un sistema que permita la reeducación y resocialización de los menores, advirtiendo que no debería ser una carga exclusiva para los gobernadores. Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, aclaró que la nueva ley no es una solución mágica para la delincuencia, subrayando que cambiar la edad en el Código Penal no resolverá el problema, ya que se ha observado cómo las organizaciones delictivas reclutan a jóvenes.
Por su parte, Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, denunció que el nuevo Régimen Penal Juvenil que promueve el oficialismo busca otorgar más poderes a la policía para hostigar a los jóvenes en los barrios. Bregman subrayó que, aunque no son ellos quienes asocian el delito con la pobreza, la criminalización efectiva siempre afecta a los sectores más vulnerables y a los hijos de la clase trabajadora. Cuestionó que el gobierno que dice no tener recursos, sí tiene dinero para la persecución penal de los jóvenes.