El Gobierno argentino realizó un análisis del paro general convocado por la CGT, que tuvo lugar el día anterior, y aseguró que este evento causó pérdidas económicas que ascienden a 575 millones de dólares. Según las estimaciones, el nivel de adhesión al paro se situó entre el 30% y el 50%, dependiendo de la región y el sector de actividad.
En un detallado comunicado publicado en su cuenta de X, la administración de Javier Milei enfatizó la paralización del transporte público como un factor clave para evaluar el impacto de la huelga. El Gobierno advirtió que la medida de fuerza resultó infructuosa, ya que el Congreso no cedió ante la presión y aprobó la Ley de Modernización Laboral en ambas cámaras.
El comunicado destaca que las pérdidas económicas se derivan de la interrupción parcial de la producción, los servicios, el comercio, la logística y el transporte en todo el país. Más de 5 millones de personas se vieron afectadas por la suspensión del transporte público, con más de 1 millón de pasajeros en trenes, 4 millones en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y cerca de 100.000 pasajeros aéreos.
En cuanto al transporte, el Gobierno especificó que las pérdidas directas alcanzaron los 5 millones de dólares, a las que se suman las caídas en productividad por millones de trabajadores que no pudieron llegar a sus lugares de trabajo o experimentaron reducciones en sus jornadas laborales. Esto generó un efecto dominó: comercios abiertos sufrieron una fuerte caída en la clientela, la logística se interrumpió, muchos bancos cerraron en gran parte del país, se suspendieron trámites administrativos y el sistema de salud se vio directamente afectado.
Además, se cancelaron casi 8.000 turnos médicos en hospitales nacionales, lo que incluye 5.500 turnos diarios en hospitales SAMIC y 2.370 en hospitales nacionales, lo que representa una pérdida estimada de 100 millones de pesos en un solo día para el sistema de salud nacional. Miles de personas con problemas de salud no pudieron recibir atención ni acceder a prestaciones médicas programadas, tanto en hospitales nacionales como provinciales.
En este contexto, el Gobierno subrayó que el impacto económico y social del paro no afectó a los dirigentes ni a la casta sindical, sino a los argentinos de bien: trabajadores, estudiantes, pacientes, comerciantes y pequeñas y medianas empresas (pymes), quienes vieron alteradas sus rutinas y su capacidad para producir, trabajar y satisfacer necesidades básicas.
Por último, el Gobierno reiteró que la medida de fuerza fue en vano, ya que el Congreso de la Nación no se dejó intimidar y aprobó la Ley de Modernización Laboral en ambas cámaras. De esta forma, Argentina finalmente saldó una deuda histórica al modernizar su sistema de relaciones laborales.