El Gobierno argentino avanza con el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Este viernes, el Senado comenzó a debatir la iniciativa, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados con 149 votos a favor.
Desde el partido La Libertad Avanza (LLA), argumentan que Argentina se encuentra por fuera de los estándares de la región en cuanto a la legislación sobre la imputabilidad. En países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana, la edad de imputabilidad se fija en 14 años, mientras que en Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá se establece a partir de los 12 años. En todos estos casos, el enfoque hacia los menores que cometen delitos se centra en medidas socioeducativas que fomentan su reinserción en la sociedad.
Desde el oficialismo, sostienen que ha aumentado la cantidad de delitos cometidos por menores de entre 12 y 15 años, lo que genera una percepción de injusticia e impunidad. Esta situación es vista como una prioridad a resolver por el Ministerio de Seguridad, actualmente dirigido por Alejandra Monteoliva, quien asumió el cargo tras la gestión de Patricia Bullrich, actual senadora libertaria.
Además, se busca actualizar una norma que data de 1980, considerando que es necesario establecer un marco legal moderno que responda a la realidad actual de la delincuencia juvenil. LLA también señala que muchas bandas criminales utilizan a menores en sus actividades delictivas, sabiendo que no pueden ser procesados, y el nuevo proyecto tiene como objetivo contrarrestar esta estrategia.
El cambio de la edad de 13 a 14 años en el proyecto original fue resultado de una negociación parlamentaria con bloques dialoguistas, que permitió alcanzar un consenso político y los votos necesarios para la media sanción en Diputados. Con esta modificación, se logró el apoyo de fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, quienes consideraron que los 14 años constituyen un límite más equilibrado y acorde a lo que se observa en la región.
El proyecto de Régimen Penal Juvenil se discutirá en el Senado el próximo viernes. Especialistas en desarrollo cognitivo y neurología han argumentado durante el debate en comisiones que, aunque un menor puede entender sus acciones a los 13 años, los 14 años ofrecen un marco más sólido para evaluar la responsabilidad penal y la comprensión de la criminalidad.
En cuanto a las penas, el proyecto establece que para delitos menores se prevén sanciones de hasta 3 años, mientras que para delitos graves, como homicidios, abusos o secuestros, se establece un límite de 15 años de prisión, que podría extenderse hasta 20 años en casos excepcionales. Además, la iniciativa contempla la posibilidad de libertad asistida, amonestaciones, tareas comunitarias y programas educativos o de capacitación laboral, siempre dentro de un marco socioeducativo que priorice la reinserción del menor.
El proyecto también sugiere que los menores que cometan delitos podrían ofrecer reparaciones económicas o mediaciones, siempre con el consentimiento de la víctima. En cuanto a la reclusión, el régimen prohibirá que los menores convivan con adultos y propone la creación de centros de detención e institutos especializados con personal capacitado en niñez y adicciones, o la posibilidad de que permanezcan en unidades separadas dentro de penales convencionales.
El oficialismo asegura que estos centros estarán enfocados en la educación y la salud de los jóvenes. Para aquellos menores de 15 años que cometan delitos graves, se prevé la internación para facilitar su resocialización, siempre bajo control judicial.
Respecto a la financiación del proyecto, se destinarán más de $23.700 millones para la construcción de nuevos centros de detención y la contratación de personal especializado para supervisar a los menores detenidos. Después de las negociaciones con bloques dialoguistas, el oficialismo se centrará en la creación de institutos especializados y en la contratación de un equipo interdisciplinario, con el objetivo de evitar que los menores sean alojados en cárceles para adultos.
Desde el enfoque conceptual, esta ley combina una perspectiva punitivista con un enfoque de resocialización, estableciendo penas graduales, castigos alternativos y medidas complementarias para facilitar la reinserción social.