En una sesión intensa y cargada de tensión, el Gobierno argentino se mostró firme y logró aprobar dos leyes fundamentales en la Cámara de Diputados. El 13 de febrero, en Buenos Aires, el oficialismo se anotó un par de victorias significativas al ratificar la nueva ley penal juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y al confirmar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La primera victoria fue contundente: 149 votos a favor del nuevo régimen penal juvenil y 100 en contra. Esta votación reunió a la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, junto a cuatro representantes de la izquierda, los tres de Catamarca y la diputada cordobesa Natalia de la Sota. Si bien el Gobierno se mostró sólido en esta primera instancia, la segunda prueba fue aún más favorable, ya que logró 203 votos a favor del tratado comercial, con solo 42 en contra y cuatro abstenciones. Un dato político relevante fue la división en Unión por la Patria: 43 diputados apoyaron al oficialismo, mientras que 38, pertenecientes a la facción kirchnerista y otros sectores, se opusieron junto a la izquierda.
Un hecho que sorprendió fue la decisión del presidente del bloque, Germán Martínez, quien en situaciones similares suele abstenerse, pero esta vez optó por respaldar al oficialismo. En cuanto al régimen penal juvenil, la media sanción aprobada por los Diputados ahora pasará al Senado, donde se espera su tratamiento en una sesión programada para el 26 de febrero, según informaron fuentes de la Cámara alta.
Este proyecto propone una reforma de una legislación de la dictadura y, entre otros aspectos destacados, establece penas de prisión de hasta 15 años, así como sanciones alternativas más leves que priorizan un enfoque gradual. La ley prohíbe la prisión perpetua para menores de 14 a 17 años y determina que los adolescentes privados de libertad deben cumplir su condena en instituciones separadas de los adultos. Para delitos con penas menores a tres años, se eliminan las penas de prisión, mientras que para aquellos con penas de entre tres y diez años, vinculados a delitos sin muertes o lesiones graves, se priorizan otras sanciones con un enfoque social y educativo.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, enfatizó que el objetivo no es “amontonar menores en instituciones”, sino “resocializarlos”. La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, criticó a la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por su enfoque de marketing en la discusión, afirmando que “puede ser útil para una campaña electoral, pero se aleja de la responsabilidad que tenemos de mejorar este país”. Según Tolosa Paz, “no se resuelve el problema cambiando la edad de punibilidad como si fuera un juego de póker, sino con responsabilidad política”.
Por otro lado, el tratado Mercosur-Unión Europea, que abarca unas 5.000 páginas traducidas a varios idiomas, busca eliminar aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y reducir las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa. Este acuerdo fue firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, en una ceremonia que contó con la presencia del presidente Javier Milei y sus homólogos de Paraguay y Uruguay, mientras que el presidente de Brasil, Lula da Silva, no asistió.
A pesar de su aprobación en la Cámara de Diputados, la implementación del tratado enfrenta obstáculos, ya que el Parlamento Europeo decidió someterlo a revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para evaluar su impacto y decidir sobre su vigencia. Este proceso podría llevar meses o incluso hasta dos años. Sin embargo, existe la posibilidad de que la Comisión Europea aplique el acuerdo de forma provisional mientras se espera la validación o el rechazo por parte del Tribunal.
Durante el debate sobre el acuerdo, el peronismo mostró divisiones. El diputado Santiago Cafiero se manifestó en contra, mientras que el exministro Agustín Rossi se mostró a favor de la ratificación. Rossi argumentó que el acuerdo “no garantiza el acceso a los mercados europeos” y advirtió sobre las barreras pararancelarias que funcionan como muros para la producción agropecuaria. En contraste, el diputado santafesino defendió el acuerdo, afirmando que “fortalece el Mercosur” y “lo consolida como actor comercial internacional”. Rossi también expresó que “votaré a favor del acuerdo. A mi criterio, es una insubordinación estratégica al presidente Donald Trump”.
La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, destacó que “este acuerdo es una señal clara” y que su objetivo es “ampliar y facilitar el comercio de bienes y servicios, reducir las barreras arancelarias y mejorar la competitividad”. Santillán subrayó que “este acuerdo no es un punto de llegada, sino un punto de partida”, reafirmando que “Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo”, sin desproteger a los sectores sensibles, sino brindándoles herramientas para competir.
Por último, Santillán enfatizó que “la historia ha demostrado que el aislamiento no genera desarrollo productivo. Necesitamos mercado, reglas claras y confianza. Este acuerdo contribuye a esos objetivos” y subrayó que “estamos ante una decisión estratégica que trasciende a los gobiernos”.