Diego Spagnuolo, ex jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue procesado este lunes por asociación ilícita, según confirmaron fuentes judiciales. El juez federal Sebastián Casanello tomó esta decisión en el marco de una investigación que involucra cobros de sobornos, fraude al Estado y diversas incompatibilidades relacionadas con su cargo público.
El fallo de Casanello no solo afecta a Spagnuolo, sino también a su mano derecha en la ANDIS, Daniel Garbellini, junto a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, quienes mantienen estrechos vínculos con droguerías. En total, el juez procesó a 19 personas, a quienes se les impuso embargos de diversas magnitudes sobre sus bienes. Entre los procesados se encuentran ex funcionarios, empleados de la ANDIS y empresarios que desempeñaron distintos roles en la red de corrupción que se infiltró en la agencia.
El embargo más significativo recayó sobre Spagnuolo, quien deberá responder por más de 202 millones de pesos. En su resolución, el juez Casanello destacó que en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, se estableció un entramado de corrupción institucional que tuvo como epicentro el funcionamiento irregular de la ANDIS. Según el magistrado, este sistema se formó con la colaboración de operadores externos y funcionarios de máxima autoridad que actuaron en conjunto en detrimento del interés público y en favor de negocios ilícitos.
El fallo también señala que la ANDIS se transformó en una vía de enriquecimiento para los integrantes de esta organización, lo que perjudicó gravemente la misión original de la agencia: proteger y cuidar a las personas en situación de discapacidad. Además, el juez dejó entrever la posibilidad de una investigación más exhaustiva, al indicar que el esquema delictivo podría tener ramificaciones aún no exploradas.
“Dentro de la propia ANDIS, hay indicios de que el grupo extendió la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otros sectores y actores”, agregó Casanello. “La amplitud de los negocios, la magnitud de las cifras y cierta impunidad, como ignorar las quejas de empresarios desplazados o funcionarios disconformes, sugieren que no se trató de un fenómeno aislado y que podría haber más complicidades en juego”, concluyó el fallo.