En un giro significativo en el ámbito político, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron este lunes una denuncia penal ante la Cámara Criminal y Correccional Federal. Esta acción se dirige contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios, a raíz de una presunta falta de publicación en el sitio web de la Oficina Anticorrupción (OA), tal como lo establece el Decreto 202/2017. El caso involucra un contrato entre la Cancillería y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por un monto de $114.044.133.
La denuncia, que fue enviada el 16 de febrero de 2026 a las 13:55, incluye un escrito titulado “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”. Los denunciantes, que se identifican como parte de Reset Republicano, una agrupación política comprometida con la lucha anticorrupción, solicitaron también que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, esposa de Sturzenegger y directiva de la AACI.
El documento menciona que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior emitió la Disposición 21/2026 el 19 de enero de 2026, que adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25, con opción de prórroga, para la capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027. Esta disposición también señala un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, lo que llevó a activar los procedimientos de comunicación a la OA y SIGEN, así como la sugerencia de un Pacto de Integridad y la publicación de las actuaciones en el sitio del ministerio.
No obstante, los denunciantes argumentan que al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, encontraron que, hasta el 15 de febrero de 2026, no había registros de publicaciones sobre la recepción de la declaración jurada pertinente, lo que, según ellos, afecta un requisito fundamental de transparencia.
En el apartado “Derecho”, el escrito clasifica los hechos en posibles delitos de incumplimiento de deberes (artículo 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (artículo 265). Además, se destaca que el asunto adquirió relevancia pública tras ser mencionado en diversos medios. La presentación también incluye un antecedente, señalando que en 2024 existió otro contrato entre los mismos contratantes, y se solicita verificar si se realizó una actualización de la declaración jurada dentro del plazo estipulado por el decreto, así como si dicha actualización fue publicada en el sitio de la OA.
La denuncia surge tras una investigación que reveló la adjudicación de $114.044.133 a la entidad dirigida por Rouillet. En medio de este contexto, el canciller Pablo Quirno negó cualquier irregularidad, afirmando que la Cancillería mantiene contratos con la AACI desde 2018 y que, debido al vínculo familiar, se activaron los procedimientos de integridad con la intervención de la OA y SIGEN.