La Cámara de Diputados se encuentra en medio de un intenso debate sobre la implementación de un nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Este proyecto, que ha generado controversia, se discute en una sesión donde también se prevé votar la ratificación de un tratado comercial entre Mercosur y la Unión Europea.
Durante el inicio de la sesión, los diputados rindieron homenaje a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien falleció el pasado miércoles a los 62 años. Asimismo, el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, juró como diputado nacional tras ser electo en las elecciones del 26 de octubre. El quórum fue alcanzado gracias a la presencia de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca, además de otros legisladores independientes.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, afirmó que el objetivo no es “amontonar menores en establecimientos de detención”, sino “resocializarlos”. La diputada cordobesa lamentó que el régimen actual, que muchos se niegan a modificar, permite la adopción de medidas restrictivas poco efectivas. “Nos dicen que queremos encarcelar a todos, pero la solución no es meter a los menores en la cárcel”, enfatizó.
Rodríguez Machado criticó a aquellos que argumentan que no se debe hacer nada porque el porcentaje de menores en conflicto con la ley es bajo. “No creo que haya un argumento más cruel que ese”, subrayó, añadiendo que el Estado debe actuar incluso ante un solo caso de muerte. “Estamos en una nueva Argentina. No hay cifra que oculte la impunidad”, sentenció.
En respuesta a las críticas sobre la posible criminalización de los menores, la diputada aseguró que el despacho incluye penas alternativas a la prisión, permitiendo a los jueces optar por medidas menos severas en delitos que no resulten en muertes.
Por su parte, la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cuestionó fuertemente a la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, por promover una campaña que equipara delitos de menores a penas de adultos. “Esto puede servir para una campaña electoral, pero se aleja de lo que realmente necesitamos para avanzar como país”, enfatizó.
Tolosa Paz, en su calidad de miembro informante del dictamen de minoría de Unión por la Patria, defendió que los adolescentes deberían ser considerados punibles entre los 16 y 18 años, con penas máximas de hasta 10 años. “Este problema no se resuelve con consignas de marketing ni cambiando la edad de punibilidad como si fuera un juego de póker”, advirtió.
El diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, también se expresó a favor de bajar la edad de imputabilidad a 14 años, argumentando que un menor de esa edad puede entender las consecuencias de sus actos. Sin embargo, aclaró que su propuesta difiere significativamente de la presentada por el Poder Ejecutivo, ya que busca construir un régimen integral que contemple todas las posibilidades.
En tanto, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, rechazó la baja de la edad de imputabilidad, recordando que en el pasado, el gobierno de Juan Domingo Perón había elevado la edad. “Quien vote a favor de esta baja debería sentir vergüenza”, disparó.
La diputada Romina del Plá también advirtió que el encierro no mejora a los menores. “Las tasas de reincidencia son altísimas, y el encierro solo recrudece las situaciones”, indicó, criticando la decisión de destinar más recursos a instituciones de encierro en lugar de a programas sociales que beneficien a la juventud.
El proyecto del oficialismo no solo propone la baja de la edad de imputabilidad, sino que establece un sistema de sanciones alternativas, asegurando que los menores no se mezclen con adultos en lugares de reclusión. Además, se prevé un máximo de 15 años de prisión para los menores y se descartan penas de prisión para delitos menores a 3 años.
Por otro lado, el dictamen incluye un cambio solicitado por los dialoguistas al Gobierno, que consiste en un financiamiento adecuado para implementar el régimen penal juvenil, asignando más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.