En el año 2025, el Gobierno argentino decidió incrementar el gasto en inteligencia, mientras que los fondos destinados a áreas críticas como salud, educación, obra pública, desarrollo social y transporte sufrieron drásticos recortes. Esta situación pone en peligro la implementación de diversos programas esenciales, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El análisis, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, reveló que la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional en 2025 experimentó una caída real del gasto total del -29% en comparación con 2023, lo que indica un ajuste severo en sectores vitales. Al desglosar los distintos organismos públicos, el informe subrayó el notable aumento del 52% en el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que depende de la Presidencia de la Nación, mientras que los Servicios de Deuda Pública representan el 8% del gasto total, manteniendo su relevancia dentro de la estructura presupuestaria.
En contraposición, se evidencian fuertes recortes en la mayoría de las áreas de salud. Por ejemplo, la Superintendencia de Servicios de Salud sufrió un ajuste del -72%, mientras que los hospitales nacionales enfrentaron recortes que oscilan entre -20% y -42%. El Instituto Malbrán y la ANMAT también vieron reducidos sus presupuestos en un -26% y -25%, respectivamente. En este sector, el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte reportó una disminución del -38%, mientras que el INCUCAI logró un aumento del 24% en su ejecución.
Desde CEPA se advirtió que en el ámbito sanitario hay programas que se encuentran prácticamente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, que sufrieron recortes del -100%, así como otros programas de prevención con caídas del -88%, -71% y -1% en sus respectivas ejecuciones. La única excepción positiva se registró en el programa de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que experimentó un leve aumento del 5%.
En el sector científico, el informe de CEPA también destacó que los recortes son generalizados, con caídas significativas en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación, que sufrió un -82%, así como en CONAE (-19%), CONICET (-32%), Servicio Geológico Minero Argentino (-25%), Servicio Meteorológico Nacional (-34%), Fundación Miguel Lillo (-32%) y CONEAU (-8%).
Por otro lado, los organismos de Seguridad Social también fueron afectados, con un recorte del -5% en ANSES, y una reducción drástica del -73% en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como en el INAES. En los programas de Desarrollo Social, se evidenció una caída casi total en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-90%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-52%).
En el ámbito del desarrollo productivo, los recortes impactaron a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo con una disminución del -72%, mientras que INTA e INTI sufrieron caídas del -41%. Los organismos vinculados a energía también enfrentaron ajustes significativos, como la Comisión Nacional de Energía Atómica (-42%), la Autoridad Regulatoria Nuclear (-14%), el ENRE (-13%) y el ENARGAS (-32%).
Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas también experimentaron recortes, con reducciones del -31% en la Policía Federal, -29% en Gendarmería y Prefectura Naval, -18% en el Ejército, -20% en la Armada y -22% en la Fuerza Aérea.
En el sector educativo, los programas críticos enfrentan ejecuciones casi nulas, como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que sufrieron recortes del -100%, así como el Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-90%), Becas y Gestión Estudiantil (-78%), Acciones de Formación Docente (-75%), Infraestructura y Equipamiento (-37%) y Desarrollo de la Educación Superior (-29%).
En cuanto a transporte y obra pública, el documento revela que la ejecución es extremadamente baja, con caídas que van del -74% al -100%, reflejando la paralización que atraviesa el sector bajo la gestión de Javier Milei. Los retrocesos más significativos se observan en Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-98%), Construcción de Túneles y Puentes Grandes (-95%), Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-95,2%), Desarrollo de Obra Pública (-93,5%), Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo (-92%) y Rutas Seguras (-89%), mientras que la Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios presenta una caída del -75%.
Las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios también mostraron caídas notables: Asistencia Financiera y Técnica a Municipios (-98%), Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%), transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas (-92%) y a la Secretaría de Energía (-77%), mientras que Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional presenta una baja del -68%.
Al analizar este panorama, desde CEPA sostuvieron que “la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria” y advirtieron que esto está afectando programas clave. En este sentido, resaltaron que “la magnitud de los recortes en programas de impacto social y productivo plantea un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico desafiante”.