La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado en el que respondió de manera formal a la intimación realizada por la Inspección General de Justicia (IGJ). En este documento, la AFA presentó los descargos contables correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2023, y negó de forma contundente cualquier tipo de incumplimiento.
El comunicado, que se extiende en varios puntos, busca aportar claridad tanto a sus asociaciones afiliadas como a la opinión pública, en respuesta a las repetidas declaraciones del Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo. La AFA desmintió rotundamente que el cambio de jurisdicción hubiera sido ilegal o que se hubiese llevado a cabo de manera encubierta.
La entidad explicó que la decisión fue aprobada en asamblea y fiscalizada por veedores designados por la propia IGJ, además de estar certificada por dicho organismo. En noviembre de 2024, la IGJ emitió un certificado de vigencia que fue crucial para la inscripción en la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia aprobó e inscribió el trámite, notificando formalmente a la IGJ.
Respecto a los balances, la AFA sostuvo que todos los estados contables entre 2017 y 2024 fueron presentados en tiempo y forma. Aclaró que solo una vista, la correspondiente al ejercicio 2017, fue debidamente notificada y respondida, mientras que las demás observaciones que se mencionaron públicamente nunca fueron notificadas conforme a lo que exige la normativa.
Además, la AFA denunció que hubo demoras de hasta tres años en el análisis de los expedientes, así como irregularidades formales y archivos que carecen de fundamento. Durante esos años, la AFA solicitó y recibió múltiples certificados de vigencia emitidos por la IGJ, donde el organismo dejó constancia de que la asociación estaba al día con la presentación de balances y la documentación posterior a las asambleas.
El último certificado, fechado en noviembre de 2024, ratificó esta situación, lo que, según la AFA, contradice las acusaciones actuales. Otro aspecto clave del comunicado fue la aclaración sobre el límite del control estatal: la AFA subrayó que la IGJ no tiene la autoridad para aprobar o desaprobar balances, ya que esa función corresponde exclusivamente a los socios, y su rol se limita al control de la legalidad formal.
En este sentido, la AFA destacó que actualmente está bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente, la asociación rechazó las acusaciones públicas que la señalan por ocultar información o por haberse “escapado” de la jurisdicción porteña, y denunció una utilización mediática y política del procedimiento administrativo.